miércoles, 25 de noviembre de 2020

Otra ley fallida

Ya es una tradición consolidada que todos los ministros de Educación se esfuercen en dejar su huella para la posteridad perpetrando una nueva ley educativa nada más sentarse en su despacho. Cuántas van ya, siete u ocho, creo, formando una ensalada de nombres que más bien suenan a trabalenguas. Se emplearon tantas siglas que va a resultar difícil encontrar algunas libres para denominar la próxima. Eso sí, todas efímeras, tanto como la mano que las firmó. Y a la vez, otro revoltijo de siglas para dar nombre a lo que los chicos estudian y así volver locos a los padres: EGB, BUP, COU, ESO, EBAU. Todo para denominar lo que en definitiva son unos años de enseñanza primaria y otros de secundaria. Ahora llega usted, señora Celaá, a imponernos otra nueva ley, con el visto bueno de su jefe, supongo, aunque no con el de la sociedad, porque la ha sacado adelante sin consenso alguno y por un solo voto. 

Pues esa sociedad a la que va dirigida, no los políticos profesionales, que esos aprueban lo que les manden, ha calificado la tal ley con una dureza que haría repensar su contenido a cualquiera, incluso a un ministro. Profesores, padres, pedagogos, intelectuales, asociaciones, colegios, gentes nada sospechosas de sectarismo, incluso dentro de su misma onda, la han calificado de disparate, idiotez, canallada, dislate, despropósito; han dicho que es una ley partidista, ideológica, regresiva, inaceptable, absurda. Todo eso se ha escrito como recibimiento a su engendro. Hubo quien encontró algún aspecto de su lado bueno y también lo dejó escrito: al que no le guste esta ley que no se agobie; no durará.

La cuestión, ministra, es que esta ley, a diferencia de casi todas las de antes, no afecta tanto a la normativa propiamente académica, que eso sería fácilmente comprensible y seguramente asumible, como a aspectos más abstractos y menos tangibles, pero infinitamente más importantes. Afecta, por ejemplo, a la cohesión nacional, al derecho de los padres sobre sus hijos, a la igualdad de conocimientos y, sobre todo, a la libertad de elección y de pensamiento, una cuestión propia de alguien que afirma que los niños no pertenecen a sus padres. 

Realmente poco puede salvarse. ¿Alguien en su sano juicio puede justificar que el español deje de ser lengua vehicular en España? Acabar con la enseñanza especial y la concertada; pues no le debió de ir tan mal a usted estudiar en un colegio privado cuando mandó a sus hijas al mismo. Pasar de curso con suspensos; o sea, motivar al alumno diciéndole que estudie o no el resultado va a ser el mismo. Nuestros alumnos no se agotarán por el esfuerzo, pero eso sí, saldrán diplomados en burrología. Total, para llegar a ministro no hace falta gran cosa. Hay ministras de Educación que creen que lo de Fierabrás era un arte.

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