Parece que la crisis es el estado permanente de alguno de los
soportes que sostienen nuestra
convivencia, como si fuésemos incapaces de navegar en aguas tranquilas. Ahora
le toca al poder judicial, que a su pesar lleva ya muchos días ocupando las
portadas y las tribunas de opinión de los medios. Qué pena. Uno de los
fundamentos básicos del Estado, el que debería permanecer más al margen de toda
turbulencia ajena y protegido siempre de los malignos efectos del viento
político, se pone de actualidad como objeto de desavenencia entre los dos
partidos que aspiran a gobernarnos. A la doncella de la balanza y la espada la
representan con los ojos vendados, seguramente para que no pueda ver cómo se
dificulta su labor con situaciones materiales precarias o durmiéndose en la resolución de esos procesos
inacabables, casi todos con algún componente político o sujetos a una
irreconciliable disparidad de opiniones. Ahora se trata de un embrollo de nombramientos
cuyo seguimiento y comprensión sólo están al alcance, si lo están, de unos
pocos iniciados; el resto mira, calla y se encoge de hombros. Y, tras leer
algo, oír un poco y no entender nada, en su corto alcance el ciudadano de a pie
llega a la conclusión de que todo consiste en que unos intentan
maniobrar a su favor y los otros se niegan a dejarse engañar.
Hoy la Justicia
es una de las instituciones del Estado menos valoradas por los ciudadanos, de las
que menos confianza inspira y la menos cercana a la calle. Cuesta entender todo
de ella, empezando por esas calificaciones de sus miembros como progresistas y
conservadores o esas asociaciones, como
la llamada a sí misma Jueces para la Democracia. ¿Es que los demás estamentos no lo
son para la democracia? ¿Alguien concibe una asociación de periodistas o ingenieros
para la Democracia ?
Más tranquilizador sería que los jueces lo fuesen para la Justicia. Es una
obviedad recordar lo ya sabido: que en el ejercicio de sus funciones el juez no
está sometido a ningún otro poder, ni siquiera al legislador, y que es ilícita
toda intromisión de cualquier autoridad en su ámbito de actuación; solo debe
prestar sometimiento a la ley.
Que el poder judicial y sus organismos estén en primera línea como
elemento de discusión pública y como factor de división no es indicio de buena
salud democrática. Que el poder ejecutivo trate de colocar en los más altos
tribunales a togas afines a su ideología atenta contra el principio básico de
la separación de poderes. Y que esté colapsado el máximo órgano de una de las
instituciones fundamentales del sistema por no acertar con el método para
elegir a sus miembros, nos deja estupefactos a los ciudadanos que no entendemos
nada.
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